Compras Responsables y su Impacto en la Competitividad de las Empresas

Compras Responsables y su Impacto en la Competitividad de las Empresas

Compras Responsables y su Impacto en la Competitividad de las Empresas

Escrito por: Sylvia E. Aguilar Camacho

En la declaración de Río, Naciones Unidas, 1992, se indicó que para alcanzar el desarrollo sostenible se debía migrar hacia modalidades de producción y consumo sostenibles. Aunado a la calidad y costo del producto o servicio, el consumidor debería considerar su impacto ambiental y social. De este modo, los consumidores aceptarán la responsabilidad por el impacto de sus decisiones de compra y, por otro lado, las empresas tendrán un incentivo real para adecuar sus productos o servicios y lograr ser competitivos en un mercado más sostenible.   

Cada uno de nosotros cuando va al supermercado y escoge productos biodegradables, reciclables, reciclados, de origen sostenible, comercio justo (entre otros tantos adjetivos), decide cuáles productos se van a beneficiar o no de nuestras decisiones de compra.  Gracias en parte al mayor acceso a medios para difundir información, los consumidores y ONG‟s, ejercen cada vez mayor presión en casos sonados por su impacto ambiental y/o social; uno de estos casos fue Apple, denunciado en el 2013 por China Labor Watch porque su proveedor Pegatron, violaba los derechos de los trabajadores en sus fábricas chinas de Shanghái y Suzhou. Sin embargo, considerando las tasas de pobreza en América Latina, es entendible que el criterio de compra de gran parte de la población sea precio, y factores como calidad, e impacto ambiental y social sean consideraciones por un sector muy específico de la población (no olvidemos que la tendencia al aumento de la clase media también es una realidad, con lo cual las empresas se enfrentarán a consumidores más exigentes).   

Otro consumidor son las mismas empresas, cuyas cadenas de suministro abarcan desde sus materias primas, empaques, servicios, que compran a otras empresas. La responsabilidad sobre la cadena de suministro es explícita en las diversas iniciativas/modelos de responsabilidad social.  Por ejemplo, en la norma ISO 26000:2010, Guía de Responsabilidad Social, se indica que la organización debe evitar la complicidad (entre las acciones y expectativas relacionadas con este asunto se indica que una organización debería informarse sobre las condiciones sociales y ambientales en las que se producen los bienes y servicios que adquiere); el Global Reporting Initiative indica en la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad, GRI-4, en el aspecto “Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores” que la organización debería reportar sobre los impactos negativos significativos, reales y potenciales en la cadena de suministro y medidas al respecto; el Pacto Global de Naciones Unidas comprende en el área de Derechos Humanos dos principios: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia; y las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos (tal como lo son los derechos laborales).  

Por último, llegamos al consumidor más grande en cualquier país: el sector público, cuya actividad compradora puede llegar a superar 15% del PIB. Como el mayor comprador en cualquier país, está llamado a ser un consumidor ejemplar; no solo como señal del buen manejo de fondos públicos, sino también por el cambio que sus decisiones de compra ocasionan en el mercado. Existe una fuerte tendencia a nivel mundial hacia la implementación de compras públicas sostenibles, impulsada tanto por los países como por entes internacionales como Naciones Unidas. Este último organismo reporta, al 2013, iniciativas de compra pública sostenible en todas las regiones del mundo, incluyendo nueve países en América Latina. Las compras públicas sostenibles abarcan tanto las compras públicas verdes (que buscan la reducción del impacto ambiental en las diferentes etapas del ciclo de vida de un bien), como las compras públicas sociales (que buscan el cumplimiento de criterios sociales básicos, tal como condiciones laborales, así como otros beneficios sociales: compra a Pymes, minorías, entre otros).   

“EXISTE UNA FUERTE TENDENCIA A NIVEL MUNDIAL HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES…” 

En casi todos los países sería ilegal incluir especificaciones que impidan la libre competencia entre los oferentes potenciales en una compra pública, y esto se ha llegado a interpretar en ocasiones como una restricción. Sin embargo,  ya se cuenta con casos exitosos donde se ha logrado demostrar que el Sector Público puede, y debe, ser un comprador responsable. «Por supuesto, el sabor del azúcar no varía en función de si se comercializó justa o injustamente. Un producto puesto en el mercado en condiciones injustas, sin embargo, deja un sabor amargo en la boca de un cliente con responsabilidad social», indicó Juliane Kokott, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su argumento al caso C-368/10, de la Comisión Europea contra Reino de los Países Bajos, en un caso relacionado con un contrato público de suministro y mantenimiento de máquinas expendedoras de café en el año 2008, en el cual se quería garantizar que el adjudicatario suministrase productos sostenibles.  

Llámesele como se le llame, según sus enfoques (compra responsable, sostenible, ética), la tendencia a exigir una gestión sostenible en la cadena de suministros es una realidad. Las empresas deben estar preparadas para un consumidor más exigente, no solo por la calidad de los servicios, bienes u obras que contrata, sino también por querer minimizar su impacto ambiental y por querer hacer negocios con empresas responsables en la relación con sus colaboradores. Esto implica no solo estar al día con obligaciones laborales, sino también estar a la vanguardia en la utilización de productos con un mejor desempeño ambiental, así como conocer su cadena de suplidores.    

A su vez, las empresas deben prepararse para procesos de compra pública más complejos, donde el Estado persigue obtener el “mejor valor por su dinero” (no necesariamente “lo más barato”), lo cual puede implicar que las empresas deben preparar ofertas en las cuales se evidencie cuál es ese “valor” (en términos ambientales, sociales y/o económicos) que ofrecen. 

Autora del artículo

Sylvia E. Aguilar Camacho,  Máster en Sistemas de Manufactura del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Licenciada en Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica. Coordinadora del Área Ambiente y Desarrollo de CEGESTI, área que promueve el desarrollo sostenible en América Latina. Como Coordinadora de Área, trabaja en cercana colaboración con agencias de cooperación y donantes internacionales con el fin de brindar asistencia a organizaciones regionales e instituciones públicas y privadas, en la implementación de prácticas de sostenibilidad y desarrollo de políticas. Consultora del proyecto de incidencia en las políticas de compra de instituciones del sector público de Centroamérica (con el objetivo de incluir criterios socio-ambientales). 

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